Considerar a los semejantes como objetos transferibles y vendibles según la anti-ley de la oferta y la demanda es un atropello vil. Se organizan mafias que promueven la explotación laboral o sexual, la pornografía infantil, o la extracción forzosa e ilegítima de órganos. Es un drama muy serio que nos muestra la bajeza en que se consigue caer. Cuando una persona puede ser comprada, ofrecida o alquilada como si fuera una mercancía estamos ante un síntoma severo de descomposición social, que viola las enseñanzas de todas las tradiciones religiosas y lo expresado en diversas convenciones internacionales.
Las víctimas suelen ser niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y cerca del 90% son mujeres. En muchas oportunidades los victimarios se abusan de familias migrantes y vulnerables. Por lo general las abusadas son llevadas lejos de casa al principio con engañosas propuestas de trabajo o estudio, aunque no falta también el secuestro liso y llano a la salida del colegio o del boliche. El horror no cesa; desde el principio son mantenidas en cautiverio por medio de cadenas, violencia y golpizas, o amenazas de matar a algún miembro de la familia si se escapan. Otro modo de sometimiento es hacerlas adictas a alguna droga, obligándolas a prostituirse para suministrarles las dosis de sustancias según el grado de dependencia química.
En los informes de su Observatorio del Delito Trata de Personas se encuentra la siguiente información:
- Trata externa: en su mayoría, las víctimas captadas con fines de explotación fuera del territorio nacional provienen de Antioquia (72), el Eje Cafetero (99), Bogotá (74), Valle del Cauca (77) y refugiados y migrantes que están en Colombia (71). Si bien existen registros de que estas víctimas son trasladadas y explotadas en 52 países distintos, el destino más reportado es China (73), seguido de México (59), España (42), Argentina (41) y Ecuador (31).
- Así mismo, en los casos de trata interna, la mayoría de las víctimas provienen de Antioquia (27) y Bogotá (22) y son explotadas, sobre todo, dentro de la capital de Colombia.
Las víctimas que logran ser liberadas de estas redes no tienen recuperación fácil. Pasan por un largo proceso de desintoxicación química, terapia psicológica, reinserción laboral. Por lo general no regresan a vivir con su familia de origen ni a su pueblo, por miedo o vergüenza.
Estos crímenes no son hechos casuales o aislados. Son el resultado de la operación de estructuras de pecado que se consolidan por medio de organizaciones facinerosas que tienen como finalidad la explotación de otros hermanos. El Papa Francisco en su Encíclica Fratelli Tutti señalaba: “La aberración no tiene límites cuando se somete a mujeres, luego forzadas a abortar. Un acto abominable que llega incluso al secuestro con el fin de vender sus órganos. Esto convierte a la trata de personas y a otras formas actuales de esclavitud en un problema mundial que necesita ser tomado en serio por la humanidad en su conjunto, porque “como las organizaciones criminales utilizan redes globales para lograr sus objetivos, la acción para derrotar a este fenómeno requiere un esfuerzo conjunto y también global por parte de los diferentes agentes que conforman la sociedad”.
Estas mafias operan impunemente por medio de sobornos o amenazas a quienes debieran controlar y hacer cumplir la ley. Generan dinero manchado de sangre inocente. Corrupción e impunidad son las dos caras de una misma moneda necesitada una de la otra. Hace pocos meses pudimos ver la película “Sonido de libertad” que narraba historias reales de miles de niños y adolescentes sometidos a redes de explotación sexual.
En Colombia a través de Ley 985 de 2005, se establecen las medidas para fortalecer la lucha contra la trata de personas, entre las que se incluyen las relacionadas con la atención y protección de las víctimas. Así mismo, el Decreto 1069 de 2014, regula la asistencia y protección a víctimas de trata de personas, y en el Código Penal se sanciona el delito de trata de personas con penas de 13 a 23 años de prisión y una multa de 800 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Adicionalmente, en el país se han visto avances como la existencia de fiscales especializados y grupos de investigación expertos en trata de personas de Migración Colombia.